Por: Rodrigo A. Longa T.
29, mayo 2026
La indicación fue aprobada en la Cámara de Diputados y busca eliminar el anatocismo. Aunque apunta a proteger a los deudores, la banca, el retail financiero y expertos advierten que podría encarecer créditos y restringir el acceso al financiamiento formal.
Una indicación aprobada en la Cámara de Diputados encendió las alertas en el sistema financiero chileno. La medida busca prohibir el cobro de interés sobre interés, conocido técnicamente como anatocismo, y podría impactar directamente en productos de uso cotidiano como tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos de consumo, repactaciones, meses de gracia, cuentas de ahorro y depósitos a plazo.
La norma fue incorporada al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y ahora deberá ser revisada por el Senado. Aunque sus impulsores sostienen que apunta a proteger a las personas endeudadas, desde la banca, el retail financiero y el mundo experto advierten que sus efectos podrían terminar afectando precisamente a quienes necesitan acceso al crédito.
¿Qué es el anatocismo?
El anatocismo ocurre cuando los intereses generados por una deuda se incorporan al monto adeudado y, posteriormente, también generan intereses.
En términos simples: si una persona usa una tarjeta o línea de crédito y no paga la deuda en la fecha correspondiente, se generan intereses. Si esa deuda sigue impaga, los intereses pueden sumarse al capital y generar nuevos cobros en el siguiente periodo.
La indicación aprobada busca impedir esa práctica de forma amplia, estableciendo que no se pueda pactar, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses ni su capitalización en vencimientos o renovaciones.
Posibles efectos en la vida diaria
El cambio podría tener consecuencias en varias operaciones financieras habituales. Entre ellas:
- Tarjetas de crédito.
- Líneas de crédito.
- Créditos con meses de gracia.
- Postergaciones de cuotas.
- Repactaciones de préstamos.
- Cuentas de ahorro.
- Depósitos a plazo.
Uno de los puntos que más preocupa a la industria es que, si se elimina totalmente la posibilidad de capitalizar intereses, las instituciones financieras podrían ajustar sus condiciones comerciales. Esto podría traducirse en tasas más altas, mayores exigencias para aprobar créditos o menor disponibilidad de financiamiento para ciertos segmentos de la población.
Banca y retail financiero en alerta
Desde la Asociación de Bancos, ABIF, se ha advertido que una prohibición total sería una medida inusual respecto de la práctica financiera internacional. El gremio plantea que el interés compuesto forma parte de la lógica del valor del dinero en el tiempo y que eliminarlo podría afectar tanto los productos de crédito como los de ahorro.
El retail financiero también manifestó preocupación. Su argumento es que la norma debe analizarse desde dos dimensiones: por una parte, el deudor que busca alivio frente al crecimiento de sus obligaciones; y por otra, el depositante o ahorrante que recibe rendimientos por sus fondos.
En ese sentido, el debate no solo involucra a bancos y casas comerciales, sino también a personas que usan instrumentos de ahorro donde los intereses generados se van acumulando para producir nuevos rendimientos.
Críticas y defensa política
La indicación fue impulsada por el diputado Héctor Ulloa, del PPD-Independientes, quien ha defendido la medida como una forma de frenar deudas que crecen de manera progresiva y afectan a las familias.
La propuesta fue aprobada por 79 votos a favor, 57 en contra y 17 abstenciones. Contó con respaldo de partidos de centroizquierda y también de parlamentarios de otras fuerzas políticas, mientras que sectores de la derecha rechazaron la indicación o se abstuvieron.
Desde la oposición se plantearon reparos constitucionales y advertencias sobre el impacto que podría tener una norma de este tipo si se aprueba sin mayor análisis técnico.
El riesgo: proteger al deudor, pero encarecer el crédito
Expertos del mercado financiero han advertido que prohibir completamente el anatocismo no necesariamente hará que el crédito sea más barato. Por el contrario, podría provocar que las entidades financieras compensen el mayor riesgo mediante tasas más elevadas, más garantías o restricciones para clientes considerados de mayor riesgo.
También se ha señalado que la medida podría complicar las repactaciones y postergaciones de cuotas, herramientas que muchas familias utilizan cuando enfrentan problemas económicos temporales.
Ahora la discusión queda en manos del Senado, donde se espera una revisión más detallada del alcance de la indicación. El punto clave será determinar si la norma logra proteger a los consumidores o si, por el contrario, termina limitando el acceso al crédito formal y empujando a algunas personas hacia alternativas más costosas o informales.
