07 mayo, 2026
Por Rodrigo A. Longa T. — Analista Político
La tensión entre el Partido de la Gente y el gobierno por la megarreforma dejó al descubierto una verdad incómoda para La Moneda: tener el gobierno no significa tener el control del Congreso. La reunión entre Franco Parisi y el ministro Jorge Quiroz no fue solo una cita en Hacienda. Fue una demostración de poder.
El PDG puso sobre la mesa una demanda simple, comunicacionalmente potente y políticamente rentable: devolución del IVA para medicamentos y pañales. No se trata de una propuesta cualquiera. Es una bandera que conecta con una sensibilidad muy concreta: el costo de la vida, la clase media, las familias, los adultos mayores, los niños y quienes sienten que el Estado siempre llega tarde o llega poco.
El gobierno, según acusa el PDG, respondió con una fórmula distinta: una bonificación focalizada. Puede parecer una diferencia técnica, pero políticamente es una diferencia enorme. La devolución del IVA se presenta como alivio directo. El bono se percibe como una ayuda condicionada. La primera suena a derecho; la segunda, a trámite.
Ahí estuvo el error político del Ejecutivo: subestimar el valor simbólico del acuerdo.
Cuando un gobierno necesita votos externos para aprobar su principal reforma, no puede tratar a sus socios ocasionales como simples acompañantes legislativos. Debe darles algo que puedan mostrar. Algo que puedan defender. Algo que puedan transformar en relato. El PDG quería decirle a su electorado: “gracias a nosotros, la clase media fue incorporada”. Si el texto no le permite decir eso, entonces el incentivo para apoyar se reduce.
Franco Parisi entendió perfectamente el momento. Llegó a Hacienda no como autoridad electa, sino como jefe político real del PDG. Formalmente no vota. Pero en la práctica ordena, presiona y negocia. Esa es la paradoja: Parisi no está en la Cámara, pero su sombra pesa sobre la bancada.
El gobierno, en cambio, quedó atrapado entre dos riesgos. Si mantiene su propuesta sin cambios, arriesga perder una votación clave y mostrar debilidad temprana. Si cede, puede aparecer doblándole la mano el PDG y, además, abrir dudas sobre el costo fiscal de la reforma.
Ese es el precio de una mayoría prestada.
Porque una mayoría propia se disciplina. Una mayoría prestada se negocia. Una mayoría propia acompaña. Una mayoría prestada cobra. Y cuando los votos no pertenecen al gobierno, cada indicación, cada coma y cada frase del proyecto se transforma en moneda de cambio.
El PDG no está negociando solo pañales y medicamentos. Está negociando centralidad. Está diciendo: “sin nosotros, esto no pasa”. Y en un Congreso fragmentado, esa frase vale mucho.
El escenario más probable es que el conflicto no termine en ruptura total. Lo más probable es una salida intermedia: el gobierno corrige, mejora la fórmula, entrega una señal más clara y el PDG termina apoyando, al menos en la idea de legislar. Todos intentarán declarar victoria.
Parisi dirá que obligó al gobierno a escuchar a la clase media.
El gobierno dirá que logró aprobar su reforma.
El PDG dirá que no se vendió gratis.
La oposición dirá que el Ejecutivo mostró debilidad.
Y todos tendrán algo de razón.
Pero la señal de fondo será una sola: el gobierno no tiene una mayoría consolidada. Tiene una mayoría negociada, frágil y cara.
Para el ciudadano común, esto puede parecer una pelea más entre políticos. Pero no lo es. Esta negociación anticipa cómo será la relación entre Ejecutivo y Congreso durante los próximos años. Cada reforma relevante deberá pasar por este mismo filtro: votos disponibles, costos políticos, demandas sectoriales y bancadas bisagra.
En el corto plazo, Parisi gana. Instala agenda, se muestra como defensor de la clase media y obliga al gobierno a sentarse a negociar. El gobierno solo ganará si logra aprobar la reforma sin desordenar completamente su diseño.
Pero incluso si lo logra, quedará una lección instalada: gobernar no es solo anunciar grandes reformas. Gobernar es construir mayorías, cuidar acuerdos y entender que, en política, quien tiene los votos que faltan puede terminar imponiendo las condiciones.
La megarreforma recién comienza su camino. Pero el gobierno ya recibió su primera advertencia: en este Congreso, nada será gratis.
