08 mayo, 2026
Por: Rodrigo A. Longa T. – Analista Político
El Dictamen D263/2026 instruyó a organismos públicos de todo el país, incluyendo municipalidades, servicios, FF.AA., policías, gobiernos regionales y universidades estatales, a actualizar sus protocolos sobre viviendas fiscales. La medida podría tener impacto en Tarapacá, donde el suelo fiscal, la vivienda y la presencia del Estado son temas estratégicos.
La Contraloría General de la República emitió el Dictamen D263/2026, mediante el cual ordenó a los organismos públicos del país regular con mayor precisión el uso de viviendas fiscales y municipales. La instrucción obliga a ministerios, servicios públicos, municipalidades, Fuerzas Armadas, policías, gobiernos regionales, universidades estatales y otras entidades fiscalizadas a dictar o actualizar sus protocolos internos en un plazo de 60 días hábiles.
La decisión se produce luego de que Contraloría advirtiera situaciones irregulares, usos prolongados, alteraciones en las condiciones de mantención y ocupaciones que, por su larga duración, podían impedir que otros funcionarios accedieran al mismo beneficio.
En concreto, los organismos públicos deberán establecer requisitos de postulación, formas de asignación, mecanismos de control, visitas inspectivas, obligaciones de mantención, pago de consumos básicos, plazos máximos de utilización y causales para poner término al beneficio.
El dictamen marca un cambio importante en la forma de administrar estos inmuebles. Hasta ahora, la jurisprudencia administrativa había reconocido causales acotadas para poner término al uso de una vivienda fiscal, como el traslado del funcionario, su desvinculación del servicio, la adquisición de una vivienda propia en la localidad o el incumplimiento de deberes de conservación. Con el nuevo criterio, Contraloría sostiene que las autoridades pueden fijar reglas internas más completas, siempre que respeten la ley y fundamenten sus decisiones.
Para la Región de Tarapacá, el tema no es menor. La zona tiene una alta presencia de bienes fiscales, comunas fronterizas, territorios aislados y una fuerte presión habitacional. Por eso, la revisión de viviendas fiscales puede abrir una discusión relevante sobre el uso actual de estos inmuebles.
La pregunta de fondo es simple: ¿las viviendas fiscales están cumpliendo una función pública o se han transformado en beneficios permanentes sin suficiente control?
En localidades apartadas, la vivienda fiscal puede ser necesaria para asegurar la presencia de funcionarios públicos, personal de salud, educación, seguridad, servicios municipales o instituciones estratégicas. Sin embargo, si existen inmuebles ocupados por largos periodos, sin fiscalización o por personas que ya no cumplen la función que justificó la asignación, el Estado tiene el deber de revisar esa situación.
El dictamen no significa desalojos automáticos. Contraloría exige que cualquier asignación o término del beneficio sea realizado mediante acto administrativo fundado, respetando procedimientos y criterios objetivos. En otras palabras, las autoridades no podrán actuar de manera arbitraria, pero tampoco podrán seguir administrando estos bienes sin reglas claras.
En Tarapacá, los municipios y servicios públicos deberán revisar sus protocolos internos y transparentar cómo asignan, controlan y mantienen estas viviendas. También deberán verificar si los ocupantes cumplen las condiciones que justifican el beneficio y si existen pagos pendientes, falta de mantención o usos que ya no responden al interés público.
El tema puede abrir una nueva agenda de fiscalización regional. Será relevante conocer cuántas viviendas fiscales y municipales existen en la región, qué instituciones las administran, en qué comunas se ubican, cuántos años llevan ocupadas y cuáles son los criterios utilizados para asignarlas.
El mensaje de Contraloría es claro: los bienes públicos deben estar al servicio de una función pública, no de privilegios indefinidos.
En una región donde la vivienda, el territorio y el suelo fiscal son temas sensibles, el Dictamen D263/2026 puede transformarse en una herramienta clave para ordenar, transparentar y recuperar el sentido público de los bienes del Estado.
