31 marzo, 2022
Chile se ha posicionado como el mayor productor de cobre del mundo, pero ese título tiene un costo que rara vez se discute con la seriedad que merece: el devastador impacto ambiental de la gran minería. La reciente demanda presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine contra Minera Escondida ante el Primer Tribunal Ambiental, por el uso desmedido de aguas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, es solo la punta del iceberg.
Según la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la empresa no activó su propio Plan de Alerta Temprana, lo que provocó la baja del nivel freático en más de 25 cm en Tilopozo, superando los límites comprometidos en su Estudio de Impacto Ambiental. Esta omisión, calificada como infracción gravísima, llevó a una multa de 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a más de 7 mil millones de pesos chilenos. Pero ¿puede el dinero reparar un daño cuya cuantificación se proyecta en cientos de años, afectando gravemente un ecosistema frágil y ancestral?
Lo más alarmante es que este no es un caso aislado. Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, la minería representa más del 30% del consumo de agua en la macrozona norte, precisamente en regiones con extrema escasez hídrica. Esto ha provocado una disminución significativa en vegas y bofedales, fundamentales no solo para la biodiversidad, sino también para la vida de comunidades indígenas que llevan más de 10.000 años habitando el territorio, como los Lickanantay.
El modelo extractivista actual ha demostrado ser insostenible. Se privilegia el crecimiento económico a cualquier costo, olvidando que el “desierto florido” también tiene memoria, que el agua no es solo recurso, sino vida, historia y cultura. Mientras las mineras expanden su infraestructura y extraen riquezas para el mundo, los pueblos originarios ven cómo su herencia natural y espiritual se evapora.
Hoy, más que nunca, se hace urgente revisar los criterios de evaluación ambiental, implementar medidas vinculantes de reparación y compensación, y avanzar hacia una minería verdaderamente sustentable, que no solo entregue utilidades a inversionistas, sino que respete los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales.
Porque si no somos capaces de defender Tilopozo y su gente, ¿qué nos queda por salvar?
Rodrigo A. Longa T.
