24 abril, 2026
La ley que regula el uso de celulares en los colegios partió con un objetivo claro: ordenar la sala de clases, mejorar la convivencia escolar y reducir una de las principales fuentes de distracción entre niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las primeras semanas de implementación ya muestran un problema evidente: la norma llegó antes que los protocolos.
Y cuando una ley se aplica sin reglas claras, el riesgo es doble. Por un lado, puede terminar siendo letra muerta. Por otro, puede generar conflictos mayores dentro de las comunidades educativas.
El uso del celular en los colegios no es un tema menor. Hoy el teléfono acompaña a los estudiantes desde edades cada vez más tempranas. Está presente en recreos, salas, baños, patios y grupos de mensajería. Sirve para comunicarse con la familia, pero también para grabar peleas, difundir burlas, distraerse en clases, copiar en pruebas, acceder a redes sociales o participar en conflictos que muchas veces comienzan en internet y terminan dentro del establecimiento.
Por eso era necesario regular. El problema es que regular no significa actuar de cualquier manera.
Uno de los errores más graves que se están observando es confundir la prohibición del uso del celular con la facultad de revisar mochilas, bolsillos o pertenencias personales. Esa diferencia es clave. Un colegio puede establecer reglas sobre el uso del dispositivo. Puede pedir que permanezca apagado, guardado o incluso definir mecanismos de entrega voluntaria. Pero no puede transformar esa regulación en una revisión física de los estudiantes o de sus pertenencias sin respaldo legal suficiente.
Ahí se abre un foco de conflicto serio. Una mala aplicación puede terminar en denuncias, reclamos ante la Superintendencia de Educación y tensiones innecesarias entre colegios, estudiantes y apoderados.
Otro problema es la falta de actualización de los reglamentos internos. La ley exige que los establecimientos incorporen criterios claros en sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar. No basta con enviar una circular por WhatsApp ni con anunciar una medida en reunión de apoderados. Tiene que haber protocolo, gradualidad, distinción por nivel educativo, medidas proporcionales y reglas conocidas por toda la comunidad.
Desde educación parvularia hasta sexto básico, la prohibición del uso tiene una lógica clara. A esas edades, el celular suele generar más problemas que beneficios dentro de la jornada escolar. Pero en enseñanza media el escenario cambia. Allí la regulación debe ser más precisa, porque también existen usos pedagógicos, necesidades de comunicación, situaciones de salud y casos asociados a necesidades educativas especiales.
La excepción no puede quedar al criterio del momento. Debe estar escrita.
También hay que mirar el rol de los profesores y asistentes de la educación. No se les puede cargar una nueva responsabilidad sin capacitación. Si un estudiante incumple la norma, ¿qué debe hacer el docente? ¿Retener el celular? ¿Llamar al apoderado? ¿Registrar la falta? ¿Aplicar una medida formativa? ¿Derivar a convivencia escolar? Si el procedimiento no está claro, cada profesor terminará resolviendo como pueda.
Y eso es precisamente lo que una buena ley debe evitar.
La experiencia de algunos colegios que han avanzado con protocolos diferenciados muestra un camino razonable: prohibición clara en los primeros niveles, autorización restringida en cursos superiores, uso pedagógico solo cuando el docente lo indique y obligación de mantener el celular apagado y guardado cuando no corresponda utilizarlo.
Esa parece ser la clave: orden, gradualidad y sentido común.
Porque tampoco se trata de demonizar la tecnología. El celular puede afectar el aprendizaje y la convivencia, pero también puede ser una herramienta educativa cuando se usa bien. El punto es que el colegio debe recuperar la conducción. La pantalla no puede mandar más que el profesor. La notificación no puede tener más fuerza que la clase. El grupo de WhatsApp no puede gobernar la convivencia escolar.
En seguridad y convivencia, las reglas confusas siempre terminan mal. Si nadie sabe qué se puede hacer, qué está prohibido y cuáles son las consecuencias, el conflicto aparece tarde o temprano.
La ley de celulares puede ser una buena herramienta, pero solo si los colegios hacen la tarea completa. Actualizar reglamentos, capacitar equipos, informar a las familias, establecer excepciones y aplicar medidas proporcionales no es burocracia: es prevención.
Porque una sala de clases también necesita orden. Y hoy, parte de ese orden pasa por algo tan simple y tan difícil como lograr que el celular deje de ser el centro de la jornada escolar.
