21 abril, 2026
Por: Rodrigo A. Longa Terán
La seguridad dejó de ser un tema exclusivo de las calles. Hoy también se juega en los patios, en los pasillos y dentro de las salas de clases. Por eso, la aprobación en la Cámara del proyecto de “Escuelas Protegidas” debe ser leída como una señal política evidente: el Estado está reconociendo que la violencia escolar alcanzó un nivel que exige respuestas más firmes.
Durante demasiado tiempo se instaló la idea de que hablar de orden en los colegios era sinónimo de autoritarismo. Esa mirada le hizo daño al sistema educativo. Porque mientras se discutían conceptos, miles de profesores enfrentaban amenazas, estudiantes quedaban expuestos a agresiones y familias perdían la confianza en enviar a sus hijos a clases con tranquilidad.
Una escuela no puede ser tierra de nadie. No puede haber aprendizaje donde impera el miedo. No puede haber convivencia escolar si un grupo reducido interrumpe clases, amenaza a otros o instala la violencia como mecanismo de presión. La mayoría de los estudiantes quiere estudiar, avanzar y construir un futuro. Esa mayoría también tiene derecho a ser protegida.
El proyecto aprobado incorpora medidas sensibles, como la posibilidad de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales, siempre excluyendo la revisión corporal. Este punto ha generado debate, y es lógico que así sea. Pero también hay que decirlo con claridad: cuando existen riesgos reales de ingreso de armas, elementos cortopunzantes, drogas u objetos destinados a agredir, los establecimientos necesitan herramientas concretas para actuar antes de que ocurra una tragedia.
La prevención no puede llegar tarde. En materia de seguridad, actuar después suele significar lamentar daños que pudieron evitarse. Y en educación, esos daños no son abstractos: tienen rostro de niños, profesores, asistentes y familias.
También es relevante que el proyecto considere como afectaciones graves a la convivencia escolar aquellos actos que impidan la realización de clases o interrumpan total o parcialmente la jornada. Esto no apunta contra la expresión de ideas ni contra la participación estudiantil legítima. Apunta contra la violencia, la amenaza y la interrupción como métodos de imposición.
El derecho a manifestarse no puede anular el derecho de otros a estudiar. El derecho a opinar no puede transformarse en permiso para destruir, intimidar o paralizar una comunidad educativa completa. La democracia escolar requiere participación, pero también límites.
Ahora bien, sería un error creer que esta ley, por sí sola, resolverá el problema. Las escuelas protegidas necesitan algo más que protocolos. Necesitan presencia institucional, formación en convivencia, equipos especializados, apoyo psicológico, coordinación con policías cuando corresponda y trabajo serio con las familias. El profesor no puede transformarse en guardia, fiscalizador, psicólogo, mediador y autoridad sancionadora al mismo tiempo.
Si el Estado entrega nuevas responsabilidades a los establecimientos, también debe entregar recursos, capacitación y respaldo. De lo contrario, la norma puede terminar sobrecargando a quienes ya están al límite.
El punto sobre la gratuidad en educación superior también merece atención. La idea de impedir el acceso al beneficio a quienes sean condenados por delitos graves busca establecer una consecuencia clara frente a conductas que afectan la vida, la integridad física o la propiedad. Es una señal fuerte. Pero deberá aplicarse con criterios precisos para no convertir una sanción en una barrera definitiva de reinserción.
Chile necesita orden, pero también inteligencia pública. Necesita firmeza, pero no improvisación. Necesita proteger a las víctimas, pero también evitar que la respuesta estatal llegue solo cuando la violencia ya destruyó el tejido escolar.
En el norte del país sabemos bien lo que ocurre cuando el Estado llega tarde. Lo vemos en seguridad pública, en barrios tomados por el miedo y en comunidades que sienten que la autoridad perdió terreno. No podemos permitir que esa misma lógica entre a los colegios.
Las escuelas deben volver a ser espacios seguros. No lugares blindados por temor, sino comunidades protegidas por reglas claras, prevención efectiva y autoridad legítima.
Porque proteger una escuela no es militarizarla. Es devolverle su propósito esencial: que nuestros niños y jóvenes puedan aprender sin miedo.
