Los acusados transportaban ocultos en un doble fondo del baño de un bus de pasajeros, numerosos paquetes con teléfonos celulares y otros artículos, todos productos nuevos, de procedencia extranjera, sin que pudieran acreditar que hubieran sido internados al país legalmente desde Zona Franca.
En el juzgado de garantía de Iquique, la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, junto al querellante de Aduanas, lograron la condena de siete ciudadanos bolivianos que sacaban desde Zona Franca productos electrónicos avaluados en más de 194 millones de pesos, con la intención de comercializarlos.
En un procedimiento simplificado, el fiscal Eduardo Ríos acreditó que los hechos ocurrieron en enero del año pasado, cuando funcionarios de Carabineros efectuaban un patrullaje preventivo por avenida Arturo Prat y se percataron que un bus de la empresa Jerusalén iba a baja velocidad, entorpeciendo el flujo vehicular en la rotonda Cavancha. Al fiscalizarlo, detectaron que los acusados Armín Quispe Canavari, quien era el chofer; Ramiro Poma Colque, Juan Blanco Poma, Roberto Salcedo Loza, Erwin Blanco Poma, Fridman Flores Canaviri y José Flores Quispe, que estaban ocultos entre los asientos posteriores, mantenían escondidos en un doble fondo del baño una gran cantidad de productos electrónicos, tales como teléfonos celulares, cargadores para teléfonos y manos libres, entre otros.
La Fiscalía explicó que toda la mercancía era nueva, de procedencia extranjera, con un valor aduanero de 194 millones de pesos y, dada la cantidad y variedad, era posible estimar que estaba destinada a ser comercializada. Sin embargo, los acusados sólo contaban con notas de venta que acreditaban la adquisición de la mercadería, pero no los habilitaba para extraerla desde Zona Franca; es decir, dichos productos no habían sido declarados ante Aduana para ser internados al país, ni se habían pagados los derechos e impuestos correspondientes, provocando un perjuicio fiscal superior a los 50 millones de pesos.
Con la presentación de los antecedentes por parte de la Fiscalía y el abogado querellante de Aduanas, el juez de garantía resolvió condenar a cada uno de los acusados a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, como autores del delito de contrabando. Además se decretó el comiso de las especies.
