11, Julio 2024
La reciente propuesta de imponer multas por no votar en Chile ha encendido un debate en el Congreso y en la sociedad. El diputado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, ha denunciado esta medida como “antipobre”, argumentando que penaliza injustamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Este análisis nos lleva a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de dicha propuesta y a reflexionar sobre su impacto en la democracia chilena.
Winter plantea una cuestión fundamental: ¿Quiénes son los que no votan? Según él, son principalmente los pobres, los adultos mayores y aquellos que enfrentan dificultades económicas. Imponer multas a estos grupos no solo es injusto, sino que también refuerza una narrativa errónea que asocia la falta de participación electoral con la flojera o la indiferencia.
La realidad es que los sectores más desfavorecidos son quienes más temprano se levantan a trabajar y quienes más esfuerzos deben realizar para sobrevivir en un sistema que frecuentemente los margina. La falta de participación electoral no es un síntoma de pereza, sino de descontento y desilusión con un sistema que no les representa ni les ofrece soluciones a sus problemas cotidianos.
La imposición de multas por no votar podría tener una intención oculta: desalentar la participación de aquellos que son más propensos a votar en contra de ciertos sectores políticos, particularmente la derecha. En un país donde la concentración de riqueza y poder es una característica persistente del modelo neoliberal, las elecciones se convierten en un campo de batalla crucial. Obligar a votar bajo amenaza de sanciones económicas podría ser una estrategia para reducir la influencia de los votantes más pobres, quienes podrían inclinarse por opciones políticas que prometen cambios más significativos en favor de la justicia social.
La baja participación electoral entre los sectores más vulnerables no se resolverá con sanciones punitivas. Al contrario, estas medidas solo profundizarán la brecha entre los ciudadanos y el sistema político, generando más resentimiento y alienación. En lugar de castigar a los pobres por no votar, deberíamos enfocarnos en entender por qué no se sienten motivados a participar y trabajar en políticas que verdaderamente aborden sus necesidades y preocupaciones.
El rechazo del proyecto de reforma electoral en el Senado y la posterior decisión del gobierno de vetarlo demuestran que este es un tema controvertido y divisivo. Es fundamental que cualquier cambio en las leyes electorales busque fortalecer la democracia y no socavarla. Imponer multas a los que no votan es una solución simplista y perjudicial que no aborda los problemas de fondo.
En última instancia, la democracia debe ser inclusiva y representativa de todos los sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que han sido históricamente marginados. En lugar de imponer sanciones económicas, necesitamos un enfoque más comprehensivo que busque empoderar a los ciudadanos, fomentando una participación electoral genuina y voluntaria. Solo así podremos construir un sistema político más justo y equitativo, donde cada voto cuente y cada voz sea escuchada.
