10 Marzo, 2023
El reciente procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra la Ilustre Municipalidad de Camiña revela una grave crisis de gestión ambiental que podría tener consecuencias sociales, sanitarias y económicas de alto impacto para la comuna y la Región de Tarapacá. Cuatro cargos han sido formulados —dos graves y dos leves— por incumplimientos flagrantes en el proyecto de relleno sanitario ubicado a 20 kilómetros del centro urbano, específicamente en la Ruta A-45, kilómetro 40.
El proyecto, autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°26/2003, contempla 16 zanjas de disposición de residuos en una superficie de 10 hectáreas, con una proyección de operación de 20 años y una capacidad acumulada de 13.385 m³. Sin embargo, los hallazgos de la SMA y la Seremi de Salud revelan una negligente ejecución: zanjas mal construidas, ausencia de canaletas de aguas lluvia, falta de drenajes de biogás y omisión de reportes obligatorios. Es decir, un relleno sin las condiciones mínimas para controlar gases tóxicos, líquidos lixiviados o la trazabilidad de residuos.
¿Las consecuencias? Riesgo de contaminación de napas subterráneas, emisión de gases peligrosos como metano y exposición directa de comunidades cercanas —como Calatambo— a un foco potencial de insalubridad. La SMA estima que las sanciones podrían ascender a 12.000 UTA, es decir, más de $8.921 millones de pesos chilenos. Esto representa una cifra que supera el presupuesto municipal anual de muchas comunas rurales, afectando directamente la inversión en salud, educación o infraestructura.
Esta situación no es un hecho aislado. Según datos del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), entre 2020 y 2023 se han formulado más de 850 cargos a instalaciones de residuos sólidos en todo el país, siendo las municipalidades responsables en cerca del 30% de los casos. La falta de capacitación técnica, supervisión constante y planificación a largo plazo explican buena parte de estos incumplimientos sistemáticos.
Resulta preocupante que en una comuna tan frágil como Camiña, con una población que bordea los 1.200 habitantes según el Censo 2017, se instale un proyecto de esta envergadura sin los controles adecuados, perpetuando la lógica de que las zonas rurales pueden ser vertederos de desechos sin consecuencias. Esta negligencia institucional no solo afecta al medio ambiente, sino que vulnera el derecho de sus habitantes a vivir en un entorno sano, seguro y libre de contaminación.
Chile no puede seguir tolerando que las brechas de infraestructura se resuelvan a costa de la salud de las comunidades. El desarrollo local debe ir de la mano de responsabilidad ambiental, fiscalización efectiva y participación ciudadana real. Este caso debe ser un llamado de atención no solo para Camiña, sino para todo el sistema de gestión de residuos en comunas rurales del país.
