15 noviembre, 2022
La reciente paralización anunciada por el Sindicato N°1 de Minera Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la crisis persistente en las condiciones de seguridad en las faenas mineras de Chile. En un país donde el cobre ha sido bautizado como “el sueldo de Chile”, pareciera que los trabajadores que lo extraen son considerados un gasto más que un activo humano.
La decisión del sindicato de detener actividades los días 21 y 23 de noviembre de 2022 no surge de la nada. Denuncian “múltiples incumplimientos, infracciones y vulneraciones” que han sido ignorados por la administración de la empresa controlada por BHP, una de las multinacionales más poderosas del planeta. No estamos hablando de una mina pequeña, sino de una operación con más de 7.000 trabajadores directos y cerca de 18.000 trabajadores contratistas, que genera aproximadamente el 6% del cobre mundial (Consejo Minero, 2022).
El problema no es nuevo. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), solo en el año 2022 se registraron 12 trabajadores fallecidos en faenas mineras, y en 2021 fueron 13. Aunque la cifra parece haber descendido respecto a las dos décadas anteriores, la tendencia se ha estancado, y lo más preocupante es que muchos accidentes tienen como causa directa la negligencia operacional o la falta de implementación efectiva de medidas de seguridad ya normadas.
En un rubro con utilidades multimillonarias, donde el precio internacional del cobre supera los US$ 4 por libra, ¿cómo se explica que aún existan fallas básicas en protocolos de seguridad, jornadas extenuantes, presiones de producción y condiciones que ponen en riesgo la vida de miles de trabajadores? La respuesta es incómoda, pero evidente: la lógica extractivista, que prioriza el rendimiento económico por sobre el bienestar laboral, sigue profundamente arraigada en el corazón del modelo minero chileno.
Es necesario decirlo con claridad: la vida de un trabajador no puede valer menos que una tonelada de concentrado de cobre. La seguridad en la minería no puede depender de paros ni comunicados de sindicatos desesperados. Debe ser un pilar estratégico, con fiscalización robusta, sanciones efectivas y compromiso real, no cosmético.
El país debe exigir más. La minería es y seguirá siendo un motor de nuestra economía, pero debe dejar de serlo a costa de la salud mental, física y la vida de sus trabajadores. Es hora de avanzar hacia un nuevo pacto: una minería que no solo sea eficiente, sino también digna, humana y justa.
Rodrigo A. Longa T.
