20 agosto, 2022
El incendio registrado el 18 de agosto de 2022 en la ex central eléctrica al interior del recinto amurallado de Zofri no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de años de negligencia, desidia institucional y falta de fiscalización estructural. La respuesta de las autoridades ha sido rápida en lo declarativo —como suele ocurrir tras una tragedia—, pero la pregunta incómoda persiste: ¿por qué se tuvo que esperar a una emergencia para recién hablar de un “plan de cierre”?
La ex central eléctrica de Zofri, abandonada por años, se había transformado en un foco constante de riesgo ambiental y de seguridad pública. La presencia de combustible almacenado, estructuras metálicas oxidadas y material inflamable era ampliamente conocida por las autoridades, trabajadores de la zona franca y locatarios. Según informes previos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ya se habían registrado observaciones sobre las condiciones de este tipo de instalaciones en al menos dos oportunidades durante la última década (SEC, 2021).
La situación se volvió crítica cuando el incendio obligó a evacuar no solo el mall Zofri, sino parte importante del sector comercial, afectando a más de 5.000 personas entre trabajadores, locatarios y visitantes. El impacto económico de una jornada paralizada en Zofri se estima en más de 500 millones de pesos, sin contar el daño ambiental, aún no cuantificado, producto de la combustión de residuos industriales en una zona densamente poblada como Iquique.
El delegado presidencial Daniel Quinteros ha señalado que “todas las voluntades están puestas” para avanzar en un plan de cierre. Pero esas voluntades llegan tarde, cuando la ciudadanía ya fue expuesta al humo, cuando los trabajadores ya vivieron el caos y cuando el daño ya está hecho. ¿No deberían estas decisiones ser preventivas, y no reactivas? ¿Dónde estaban los organismos fiscalizadores cuando el sitio se transformó en un punto ciego del Estado?
El problema de fondo es que la seguridad industrial y medioambiental en Tarapacá sigue dependiendo de parches, no de políticas públicas integradas. Esta no es la primera vez que una infraestructura abandonada se convierte en un riesgo. El incendio en Zofri no solo dejó cenizas materiales, dejó al descubierto la fragilidad de la gobernanza territorial y la falta de planificación urbana frente a zonas de alta concentración comercial e industrial.
El Gobierno ha prometido acciones concretas. La ciudadanía exige resultados. Porque no se puede seguir esperando el próximo incendio para actuar.
Rodrigo A. Longa T.
