Hasta el 2016, el hotel Catay, de propiedad del Comando de Bienestar del Ejército, funcionaba con la tradicional normalidad castrense. Sin embargo, tras un proceso de licitación el rumbo de ese recinto giró en 180 grados, ya que con el tiempo se transformó en una residencial clandestina, generando una serie de problemas a quienes por años viven en calle San Martín, entre Vivar y Barros Arana.
“Fue precisamente que tras una reunión con los vecinos y dirigentes donde se planteó el tema del hotel Catay que desde que se licitó se había transformado en un problema para el sector, con fiestas no autorizadas los fines de semanas y con los servicios básicos de agua y luz cortados”, dijo el gobernador Álvaro Jofré.
Ante esa situación, en reunión del Comité Provincial de Seguridad Pública se coordinó la fiscalización al hotel y a un inmueble de calle Aníbal Pinto con denuncias por arriendo de piezas. “Nuestro objetivo es ordenar la ciudad y evitar situaciones que después tengamos que lamentar, como incendios producto de la recarga del sistema eléctrico. Y ese el motivo central para realizar estas fiscalizaciones para que quienes arriendan cumplan con la normativa vigente y le den seguridad a las familias que arriendan”.
En la fiscalización a la residencial clandestina, que funciona en el exhotel Catay, de San Martín 759, se verificó el ejercicio comercial sin patente municipal por lo cual se cursó la citación al Juzgado de Policía Local, también se comprobó el incumplimiento de las certificaciones eléctricas, por lo cual se realizará corte de suministro y en relación al empalme irregular de agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios fue informada para realizar las acciones judiciales pertinentes, por mantener el inmueble conectado irregularmente a la matriz.
Ante ello, el inmueble quedó con prohibición de funcionar, dándoles a los 24 arrendatarios –en su mayoría migrantes que en promedio pagan 150 mil pesos mensuales por una pieza con baño- plazo hasta fin de mes para que salgan del inmueble porque el inmueble será clausurado por la Autoridad Sanitaria.
El contrato por la licitación del hotel se firmó el 1 de marzo de 2017 y quien se adjudicó la licitación, Lino Toledo Perez, se comprometía a pagar un arriendo mensual de 190 UF, es decir, más de 5 millones de pesos. Según Bienestar, desde abril a diciembre de 2017, Toledo no ha pagado el arriendo, sumando una deuda de 45 millones 985 mil pesos. Actualmente el tema está judicializado.
EN ANÍBAL PINTO
El inmueble de calle Aníbal Pinto 792 fue fiscalizado por seremi de Salud, SEC y Municipalidad de Iquique. Este inmueble fue denunciado al gobernador provincial por el peligro de incendio que implica el subarriendo en edificaciones de madera en el casco histórico de la ciudad.
En dicha fiscalización se verificó el subarriendo de habitaciones y las condiciones eléctricas deficientes. Se cursó una citación de parte de la unidad jurídica de la seremi de Salud por múltiples incumplimientos sanitarios y la SEC cursó las observaciones a resolver por parte del administrador Patricio Díaz. Además la Municipalidad de Iquique cursó una citación al juzgado correspondiente por ejercer una actividad comercial sin los permisos respectivos. Este inmueble será denunciado junto con otros al Juzgado de Policía Local para que este instruya las investigaciones correspondientes.
En el proceso de fiscalización coordinado por la Gobernación Provincial de Iquique participaron funcionarios de Secretaria Regional Ministerial de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustible, Municipalidad de Iquique y Carabineros de Chile.
