Dos ciudadanos bolivianos denunciaron que el detective les sustrajo 23 mil dólares americanos en el complejo fronterizo de Colchane y luego los obligó a abandonar el país, amenazándolos con que él se encargaría de que no volvieran nunca más.
Como autor de un delito de robo con intimidación fue formalizado el funcionario de la Policía de Investigaciones Francisco Chami Canelo, quien está siendo investigado por la Fiscalía de Pozo Almonte por su participación en la sustracción de 23 mil dólares americanos a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban al país por Colchane.
De acuerdo a lo relatado por el fiscal Hardy Torres en la audiencia de formalización, en la mañana del 16 de abril pasado, el imputado se encontraba en el complejo aduanero de Colchane, y a pesar de encontrarse libre, se dirigió a una garita que no está siendo utilizada y que se encuentra en la entrada del sector chileno del complejo, donde interrogó y registró a dos personas bolivianas, situación que las víctimas asumieron ya que el imputado vestía ropa institucional y se encontraba armado.
El fiscal señaló que en el registro, el imputado le encontró a una de las víctimas U$D 15.000 y $10.000 y a la otra U$D 8.000, dinero que puso al interior de una mochila que portaba una de ellas, quedándose con dicho bolso. Luego le pidió a las víctimas que identificaran a unas tercera persona que iba con ellos y que se encontraba realizando los trámites de migración. El detective sacó a dicha persona de la fila y lo trasladó junto a las otras dos hasta una oficina del complejo aduanero, donde le consultó si traía dinero o droga, respondiéndole que portaba 30 mil dólares, mostrándole el documento donde lo había declarado. Ante eso, el imputado le exigió que volviera a la fila y continuara con su trámite.
Luego le habría señalado a las dos víctimas que la mochila que contenía el dinero estaba incautada, llevándoselos caminando hasta el límite del complejo, donde les habría exigido que corrieran hacia Bolivia, amenazándolos e indicándoles que él se aseguraría que no volvieran nunca más, cuestión que las víctimas por temor realizaron.
El fiscal Torres explicó en la formalización que, transcurridos unos minutos, el imputado con la mochila en sus manos, fue hasta los buses que bajan del complejo, bajando de uno de ellos al tercer sujeto, al que llevó hasta un baño, donde lo golpeó en el rostro y le entregó la mochila de las otras víctimas, llevándolo también hasta la parte porterior del complejo donde le ordenó que corriera hacia Bolivia. Aproximadamente a 100 metros, este sujeto se encontró con las otras dos víctimas, verificando que el dinero no se encontraba al interior de la mochila, por lo que acudieron a la policía boliviana para contar lo ocurrido, y luego regresaron al complejo fronterizo para realizar la misma denuncia en una oficina de la PDI.
A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen el delito de robo con intimidación, indicando que personal de la Brigada de Homicidios y del Departamento V de la Policía de Innvestigaciones han realizado diligencias por este caso, tomando declaraciones a víctimas y testigos, y realizando los reconocimientos respectivos. Solicitó la prisión preventiva del imputado, dada la gravedad del delito y la pena asignado al mismo.
Terminada la audiencia, la magistrada Isabel Peña resolvió acoger los planteamientos de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, fijando un plazo de 90 días de investigación.
